El Congreso de Oaxaca apagó este viernes el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. En sesión extraordinaria, convocada de última hora y cerrada en menos de 20 minutos, el pleno aprobó la desaparición de poderes con 35 votos a favor y cero en contra. La petición la mandó por la mañana el gobernador Salomón Jara Cruz. El motivo de fondo no es un pleito de cabildo: es la cárcel del presidente municipal.

Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, fue detenido el miércoles 23 junto con Carlos Alberto de la Paz López, “La Parka”. Las autoridades les imputan extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, con presuntos nexos con la célula “Los Cromos”, descrita como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo. A ambos se les dictó prisión preventiva. La vinculación a proceso se definiría el 29 de septiembre. Mientras el juez no habla, el municipio ya cambió de dueño administrativo.

A las 9:44 Jara publicó un video de dos minutos y veintiséis segundos, de frente y en guayabera blanca. El pie dice que tomaron “una decisión firme” y que “el pueblo de Juchitán no está solo”. En el mensaje instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, a pedir al Congreso la desaparición del ayuntamiento para que el Ejecutivo nombre a un encargado de la administración municipal. Habló de gobernabilidad, seguridad y de que la vida del municipio no puede detenerse. No nombró al alcalde, ni a “Los Cromos”, ni la palabra extorsión.

A las 16:16 el mismo gobernador publicó el parte que el video no traía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado hicieron un “protocolo de revisión y desarme preventivo” de la Policía Municipal, “ante la falta de garantías jurídicas y administrativas” del ayuntamiento. Las fotos muestran un blindado de la Fuerza de Acción Estratégica en el acceso y agentes tácticos manipulando armas largas y cortas bajo techo. La Secretaría informó el aseguramiento de 28 armas largas, 27 cortas y más de 2 mil cartuchos, trasladados al cuartel estatal de Santa María Coyotepec. El tuit no trae ese inventario. El inventario lo trae la corporación.

¿Qué le cambia el día a quien abre un puesto en la calle 5 de Mayo o espera la pipa en la séptima sección? El cabildo electo —presidente, síndico y regidores— queda fuera. Los servicios, según el Ejecutivo, no deben parar. La seguridad inmediata ya no es de la policía municipal: esa corporación fue desarmada horas antes del voto. Fuerzas estatales y federales, entre ellas Marina, Defensa y Guardia Nacional, mantienen presencia desde el operativo del miércoles. El nombre de quien va a firmar oficios a partir de mañana no estaba en ninguno de los tres mensajes del gobernador.

En el pleno la unanimidad no fue silencio. La diputada de Movimiento Ciudadano Alejandra García Morlán habló de asesinatos, extorsiones, amenazas, cobro de piso y del miedo a salir a la calle. El diputado del PT Dante Montaño cuestionó que la violencia se atienda tarde, después del ataque a la casa del poeta y diseñador textil Elvis Guerra. Sheinbaum separó los expedientes el mismo día: esa denuncia, dijo, no está directamente ligada a la detención del edil; las investigaciones contra el alcalde venían de antes. Después de esos reclamos no hubo más turnos. Se votó.

La figura legal es más brusca de lo que suena en un boletín. Desaparecer poderes municipales no es un extrañamiento ni una licencia. Es quitarle las llaves al gobierno que salió de las urnas y dejar la caja, la nómina y la calle en manos de un encargado que pone el Ejecutivo, con el aval del Congreso. El periodo constitucional del ayuntamiento corre hasta el 31 de diciembre de 2027. La versión del gobierno es que el encargado puede llegar hasta esa fecha. No es, de entrada, una elección anticipada.

En abril el propio Jara había reconocido el repunte delictivo en Juchitán y presentado un “Pacto por la Paz” con cierre previsto hacia octubre. Entre ese pacto y la cárcel del alcalde hay cinco meses. El viernes la respuesta fue otra: video por la mañana, desarme a media tarde, decreto antes de las siete, agradecimiento a los diputados a las ocho de la noche. En ese último post Jara habló de instituciones “a la altura de las circunstancias” y de una transición ordenada. Repitió, por tercera vez en el día, que Juchitán no está solo.

La transición ordenada, hasta el cierre de esta nota, no tiene nombre ni plazo de presentación. Tampoco está dicho si el parque asegurado vuelve algún día a una corporación municipal o se queda en el Estado, ni qué pasa con los policías a los que les quitaron el arma antes de quitarles el ayuntamiento. Es como cambiar la chapa de la casa y anunciar que la familia sigue viviendo ahí, sin decir quién trae las llaves nuevas.

El Congreso tardó menos de 20 minutos en desaparecer un ayuntamiento del Istmo. El gobernador tardó todo el día en decir tres veces que el pueblo no está solo, y ninguna en decir con quién se quedó. La pregunta que hoy puede hacerse en cualquier esquina de Juchitán es simple: si la policía ya no tiene armas y el cabildo ya no tiene firma, ¿quién contesta el teléfono cuando suena de madrugada?